Jairo Arciniegas Villarreal

Hablar de autonomía es hablar de libertades y autorregulación. La autonomía escolar permite a las instituciones organizar las áreas e introducir áreas y / o asignaturas optativas, adaptar las mismas a las necesidades y características de la región, adoptar los métodos de enseñanza, organizar actividades formativas, culturales y deportivas. En otras palabras, la autonomía nos permite diseñar y organizar la carta de navegación institucional dentro del inmenso ecosistema educativo, fijando un norte acorde a las características de cada individuo ya la interacción entre cada uno de ellos y el sistema.

 

Vista a la luz de la Ley General de Educación y sus normas reglamentarias, la autonomía es la capacidad de tomar decisiones, ejercida como una vivencia, un compromiso y una responsabilidad de la comunidad educativa. No obstante, estar condicionada por la ley, los lineamientos del MEN y el mismo PEI, la autonomía escolar y específicamente la curricular es desmontada y reducida a letra muerta con la imposición de las orientaciones contempladas en el Decreto 230 de 2002, las Directivas Ministeriales y los estándares curriculares; desvertebrando los procesos de enseñanza, la profesión docente, los planes de estudios, el sistema de evaluación, los criterios de promoción, y, con ello, la calidad de la educación.

 

La estandarización de los planes de estudio tiene doble filo. Por un lado, de acuerdo con el Colectivo Sociedad Colombiana de Pedagogía, esta el introducir pruebas a nivel nacional y utilizar los resultados para corregir los programas (y reasignar recursos), para luego participar en pruebas internacionales y así comparar la calidad de la escuela colombiana con la de otros países. Por otro lado, simplifica los planes de estudio, eliminando rasgos distintivos, cualidades originales (vistas como fortalezas) de cada institución; moldeando la educación según un patrón común, desconociendo la diversidad de intereses, necesidades y cultura de cada región.

 

Cuando las actitudes, las ideas y las potencialidades del hombre son estandarizados, se pierde la capacidad pensante y con ello la divergencia intelectual; cuando los maestros renunciamos a la autonomía para generar y articular proyectos de formación, renunciamos a estimular en otros la capacidad de pensar, cayendo (y peor aún, permaneciendo) en la mediocridad.

 

Dentro de la autonomía consagrada por la Ley General de Educación, lo único que nos queda con vida (y casi agonizando) es la metodología de trabajo, dado que la evaluación y los criterios de promoción dejaron de estar orientados a la formación integral de los educandos para amoldarse al índice de repitencia escolar.

 

La evaluación que debe ser continua, integral, cualitativa y entendida como el conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición de los conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los educandos atribuibles al proceso pedagógico, se convierte en un mecanismo de ajuste fiscal, en un criterio de ahorro por concepto de estudiantes repitentes. Este giro en la evaluación viola los criterios de calidad de la educación impartida para consagrar un 5% de repitencia que permita ahorrar al estado unos pesos que mas tarde serán invertidos en guerra o en contratos fantasmas.

 

Lo indicado y procedente, según las Reflexiones Pedagógicas del CEID -FECODE, seria suspender la aplicación del Decreto 230 y enderezar el proceso de evaluación hacia la formación integral, sin caer en la arbitrariedad o en la promoción a ultranza, basados en el principio que toda educación debe obedecer a una formación pertinente y con calidad del estudiante.

 

A mi modo de ver las cosas, el "acierto" esta al introducir las competencias como política estatal. Las competencias, pedagógicamente hablando, no son ninguna innovación, dado que el ICFES y la Nacional .ya estaban trabajando sobre ellas y por ende sin ser política de gobierno, las instituciones educativas caminaban este sendero.

 

Las competencias, entendidas como la capacidad para comprender una situación problema y resolverla, no están desligadas del quehacer de los docentes, porque los objetivos, los logros y las competencias tienen un proceso o acción, un contenido y una modalidad de expresión; lo que falta es la contextualización del logro, que permita desarrollar la potencialidad de los discentes para que a partir de lo que aprehenden en la escuela, los libros, internet u otros medios, sean capaces de enfrentar situaciones y, trascendiendo la memorización, logren un desempeño que medie la valoración de lo cognitivo y lo cognoscitivo, en cuanto hacen con lo que saben frente a nuevas situaciones.

 

De las bondades y sueños de las competencias, pasemos a la cruda realidad: el Decreto 230 deroga el artículo 43 del Decreto 1860, eliminando la obligación del estado de cubrir gastos en textos y material didáctico. Las instituciones educativas, en su gran mayoría, no cuentan con laboratorios ni bibliotecas y mucho menos salas de internet adecuados y suficientes para el número de estudiantes matriculados, además de algunas dificultades de tipo regional y / o local que desconocen quienes legislan para la educación; esto sin contar la falta de estímulos para los docentes y, peor aun, el mutilamiento de los derechos adquiridos con luchas sindicales y cuotas de sangre. Pero esto, no debe ser impedimenta para estimular el pensamiento critico en los educandos y poner en juego nuestra creatividad, arte pedagógico y entusiasmo para entrar en sinergia con la producción de saber y de conocimiento; aunque solo logremos un estudiante competente de papel y lápiz, y muramos siendo unos teóricos competentes, con ganas y buenas intenciones, sin estabilidad profesional, con un régimen laboral al capricho de cuanto gobernante llegue al poder; ávidos de capacitación (léase actualización), estímulos y un salario justo que nos permita un nivel de vida acorde a nuestra elevada misión.